Alcaldes acusan violación de DH en el país

Entre 2019 y 2020, el número de demandas ciudadanas contra presidentes o alcaldes municipales (en la situacion de la Ciudad de México) por la comisión de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos aumentó en 196.5 por ciento. Estos servidores públicos se han convertido de esta manera en los mucho más determinados de forma local por violar los derechos humanos, desplazando a fiscales y fiscales.

Durante 2020, 32 Organizaciones Públicas de Derechos Humanos (OPDH) de los estados abrieron 32.404 expedientes de demandas contra presidentes municipales y alcaldes en todo el país, en el momento en que un año antes de abrir 10.929, revelan datos del censo nacional federal y estatal de derechos humanos 2021, elaborado por la Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Los presidentes y alcaldes municipales son quienes administran, entre otras cosas, la distribución de agua bebible, alcantarillado, alcantarillado, iluminado público y recolección de restos, entre otros servicios. O sea, surgen de las autoridades mucho más cercanas a la población.

Un análisis realizado por El Sol de México sobre las cartillas censales revela que los presidentes de los ayuntamientos de Jalisco tienen con bastante el mayor número de demandas en su contra, con 25,211 casos abiertos por presuntas violaciones de derechos humanos. . Seguido por los alcaldes de los municipios de Puebla, que recibieron 3,525 demandas, y de Oaxaca, con 1,161 expedientes abiertos.

Los alcaldes de la Ciudad de México, Chiapas y Michoacán le prosiguen en menor medida, con 514, 496 y 384 quejas respectivamente en 2020.

La segunda institución local con mayor número de demandas por violaciones de derechos humanos son las agencias encargadas de regentar justicia a nivel estatal. Según datos del censo, la Fiscalía General recibió 19.000 459 demandas en el lapso de 2019 y 15.000 368 un año después.

En tercer lugar, los órganos responsables de la seguridad pública y / o vial (policía estatal y municipal), con 9.223 prácticas de demanda en 2019 y 7.890 en 2020.

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Las fiscalías que recibieron más denuncias fueron las del Estado de México, Ciudad de México y Puebla, al paso que las fuerzas policiales con más denuncias fueron las de la capital, Estado de México, Baja California., Coahuila, Oaxaca y San Luis. Potosí.

Entre las violaciones de derechos humanos imputables a las autoridades de seguridad pública y justicia se encuentran las detenciones arbitrarias; tratos crueles, inhumanos o degradantes; tortura; retenciones ilegales; incumplimiento de las formalidades para la emisión de órdenes de registro o visitas domiciliarias; desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, y realizadas por tolerancia u omisión de la autoridad de control contra la trata de humanos o la explotación con objetivos sexuales.

El censo del Inegi detalla que el grupo mucho más vulnerable por la acción de las autoridades estatales y municipales fueron la gente privadas de independencia (población penitenciaria y menores infractores), quienes figuran como víctimas en 6.137 formularios de demanda.

El segundo conjunto mucho más perjudicado fueron las mujeres, víctimas en 4.826 casos. Le prosiguen niñas, niños y adolescentes, con 1.877 demandas, y jubilados, con 1.367.

Otros conjuntos que han sido víctimas de algunas violaciones a sus garantías han sido los indígenas, los jóvenes, la gente con discapacidad, la población de diversidad sexual, los periodistas y los defensores de derechos humanos.

QUEJAS A NIVEL FEDERAL

En cuanto a las instituciones federales reportadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el censo halló que las agencias con mayor número de demandas fueron el Centro Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social. Y servicios para trabajadores estatales (ISSSTE). ).

Los dos institutos encabezan la lista de agencias federales con mayor número de denuncias por violaciones de derechos humanos, tanto en 2019 como en 2020. Estas instituciones han sido fundamentales en la lucha contra la pandemia provocada por el Covid-19 en 2020.

El departamento que encabeza Zoé Robledo, directora general del IMSS, tuvo un total de 4.639 demandas en contra suya a lo largo de 2020, al tiempo que el ISSTE tuvo 1.867 en exactamente el mismo año.

A estas instituciones les prosiguieron el Centro Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Confort Popular y el Sistema Penitenciario Federal, todos con un aumento de denuncias en 2020 en relación a las reportadas en el año anterior.

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